El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dió marcha atrás con la desición que había tomado la jueza María Tolomei y uno de los cuatro sindicalistas de la ATECH originalmente imputados será sometido a juicio oral y público.
Se trata de Matías Schierloh que, durante el proceso, ofreció dictar horas de clase y un resarcimiento económico para no ir a juicio y compensar de esta forma los daños provocados en el popularmente conocido como «Chubutazo». La jueza Tolomei había beneficiado a Schierloh con la aplicación del llamado “suspensión de juicio a prueba” mediante la cual el imputado evitaba el juicio oral y público a cambio de aplicarse la figura legal de la “reparación”.
No obstante, el Superior Tribunal de Justicia dio el aval a los argumentos de la fiscal general Florencia Gómez contenidos en la impugnación quien había solicitado una pena de 5 años de prisión.
A partir de la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal, el delito de incendio previsto en el Art. 186° inciso 1 tiene una pena de 3 años de mínimo a 10 años de máxima. Es por esto que, teniendo en cuenta la pena solicitada por la fiscal general Gomez, se concluyó en que “corresponde la aplicación del párrafo 4to. del Art. 76 BIS del CP, que requiere que se cuente con el consentimiento fiscal respecto de su voluntad de desistir de la persecución penal (aplicación de la Probation).
Para la fiscalía, la gravedad de dichas circunstancias (analizadas en audiencia) no permiten la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba, por lo que debe continuar el juicio contra Schierloh.
“La defensa del interés público, es donde reposan y se asientan, en gran parte, las oposiciones de este Ministerio Público Fiscal, a la concesión de la Suspensión de Juicio a Prueba, ya que se deben extremar esfuerzos a fin de desalentar la comisión de determinadas actividades delictivas, como es provocar incendios y destrucción de edificios públicos”
Descató Gomez en su impugnación.
Cabe mencionar, tambien, que el acusado había ofrecido abonar la suma de $ 60.000, en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, con destino a la Cooperadora del Hospital Zonal de Trelew y juró su compromiso a la donación de 12 packs de leche con destino al Hogar Comedor comunitario “Todo Vuelve” del Barrio Gregorio Mayo de Rawson. Ademas, propuso conceder 120 horas cátedras gratuitas, en la asignatura de Ciencias Sociales, como apoyo escolar para todos los alumnos que lo soliciten, a ser realizadas en la Biblioteca «Asencio Abejón» , así como la de realizar 100 horas de trabajo no remunerado en favor de la biblioteca de la Legislatura Provincial.
Por parte de la defensa del acusado, el abogado Miguel Moyano habría solicitado se aplique la suspensión del juicio a prueba, algo que la fiscal Gómez se opuso rotundamente tras los incendios que afectaron los edificios públicos de la Legislatura del Chubut y Casa del Gobierno.
Tras la impugnación, el Superior Tribunal de Justicia avaló los argumentos de Gómez, cuando indicó que “tal como lo exige nuestra Constitución Nacional, toda sentencia debe ser fundamentada en el derecho y no en la mera voluntad de los magistrados” -en alusión puntual a la resolución de Tolomei- , a la vez que calificó a la decisión de esa jueza como “arbitraria, infundada y contraria a derecho”.
En una fuerte postura, el Tribunal advirtió que el fallo final implicaba que la judicatura asumiera las facultades que constitucionalmente estaban reservadas para los titulares de la acción pública arremetiendo de manera severa el sistema procesal adversativo.
Fuerte postura de Gomez
Por otra parte, la fiscalía hizo hincapie en su postura ante la seria gravedad de los hechos que aconteció a toda una ciudad y la sociedad chubutense, no solo por los daños efectuados a edificios de entidades públicas y provinciales, sino por el riesgo a ciudadanos inocentes, a los mismos manifestantes y el bienestar y salud de policías que tambíen son ciudadanos y vecinos de la ciudad en cumplimiento del deber y que intentaron impedir la propagación de las llamas y la violencia desescalada.
Asimismo indicó que “dichos daños habían afectado las estructuras de los edificios, su mobiliario y elementos que tienen un gran valor histórico, y que los mismos eran de imposible reconstrucción, como la puerta N° 2 de Casa de Gobierno. Los hechos atribuidos a los imputados involucraban el riesgo en la salud de todo el personal policial que intervino en el lugar a los efectos de proteger los bienes que se encontraban en el interior de los edificios, evitando que los manifestantes ingresaran a los mismos”.