El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, hecho por el que están acusadas la mamá de la víctima y la pareja por su asesinato.
Sucedió que, en el poco tiempo que este portal recordó esta fatalidad, el caso volvió a revivir en las redes sociales. La última audiencia fue el 22 de diciembre a la espera del febrero de 2023, mientras, el abuelo del chiquito, Ramón Dupuy, reclamó avanzar con la «Ley Lucio» para terminar con la violencia infantil y evitar casos como el de su nieto.
El caso también toma relevancia por la falta de cobertura del caso Dupuy, la omisión del Estado y como es minimizado desde algunos colectivos de género nacionales que no hacen eco del aberrante hecho, del cual, una de ellas era orgullosa miembro.
«Esperamos que sean condenadas a cadena perpetua y que sean separadas de una vez por todas. Eso lo pide toda la Argentina. Están las pruebas suficientes. Ahora hay que esperar lo que el juez se decida».
Manifestó Ramón en contacto con De Boca en Boca por Radio2.
El Sr. Dupuy encabeza la búsqueda por justicia ante la extinción de la vida del niño pero no dudo en quebrarse cuando se le aportaron datos escalofriantes y que vivía Lucio junto a su madre y la pareja.

El niño ya sufría maltratos previo a su crimen, pero tanto en la escuela, como profesionales de la salud, fuerzas de seguridad y la Justicia habían hecho caso omiso de las advertencias; incluso, un juzgado -presidido por Ana Clara Pérez Ballester– le había favorecido la guarda a la progenitora sin mediar evidencias o tratamientos, por el solo hecho de ser mujer.
Las torturas de las que fue víctima Lucio quedaron expuestas cuando los peritos hicieron la autopsia del cuerpo del nene que revelaron: el niño presentaba múltiples lesiones en tórax, abdomen, espalda, brazos, piernas, rostro y cráneo; hematomas en espalda con marca de impresión de calzado, edema cerebral -asociado a dichos golpes violentos- y rotura hepática y hemoperitoneo (compromete los órganos del abdomen como el bazo, estomago o hígado). Estas últimas lesiones provocaron la defunción luego de un largo proceso de agonía.
«Lucio era varón e interfería en la pareja. A Lucio le pintaban las uñas, los ojos y lo vestían de mujer, como no pudieron transformarlo, lo mataron. Hay 6000 hojas de chats donde demuestran todo lo que hacían con Lucio. Cómo le pegaban, lo violaban. Lo odiaban por ser varón.«.
Mencionó Ramón Dupuy
«Queremos estar ahí para verles las caras a las asesinas cuando escuchen la sentencia. Todavía creo en la Justicia, a pesar de que le dio mi nieto a esas asesinas”, sumó.
Por tanto, un amplio sector de la sociedad ha mostrado apoyo a la familia Dupuy e impulsa un proyecto de ley, junto a un grupo reducido de políticos, para que los niños y niñas de la nación argentina no sufran nunca más aberraciones o adoctrinamientos de ningún tipo.
El proyecto de «ley Lucio»
“Me enteré de que el proyecto fue cajoneado. Siguen pasando casos aberrantes, pero parece que al Estado no les interesan los niños.”, se quejó el abuelo de Lucio.
Para el abuelo Dupuy -y para muchos-, al Estado no le conviene el caso de Lucio porque hay una ideología de género que el mismo gobierno instauró con focos mediáticos y organismos gubernamentales. Es que el propio Presidente de la Nación había dado su palabra públicamente que la ley Lucio iba a salir, pero luego ocurrió el debacle de la Corte Suprema y el proyecto fue desplazado.
Esta Ley propone la prevención y detección temprana de situaciones de violencia o donde sea vulnerada la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la capacitación a funcionarios públicos y protocolos de actuación conjunta entre las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y organismos administrativos de niñez con la autoridad judicial con competencia en familia.
En sí, la acción conjunta supone un nivel de estadio o alerta temprana donde, ante síntomas o indicios de violencia en la infancia o adolescencia, se deben activar protocolos de prevención para resguardar la integridad del sujeto.
Además, se añade la línea móvil/telefónica 102 a nivel nacional de forma gratuita y anónima para recibir información y hacer dichas denuncias así como garantizar la preservación de la identidad de toda aquella persona que denuncie actos o indicios de violencia contra menores de edad.
La normativa ingresó a la Cámara de Diputados, el año pasado, con 228 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra y debía ser tratada por el Senado en diciembre. No obstante, los tiempos desfavorecieron su tratamiento y se trasladó su fecha al mes de febrero de este año para ser tratada en las sesiones extraordinarias; así lo confirmó estas últimas fechas, el presidente de la Nación, tras comunicarse con Ramón Dupuy.
Otros casos de abuso infantil, opacados por la prensa mediática
Parece que, para que el país funcione, es necesario que haya polémica en las redes sociales y en los principales diarios nacionales que son quienes apoyan el foco hacia que debe ser tratado. Muchos, incluso, ignoran casos de abuso infantil, cuyas denuncias han escalado casi al 126% tras terminar 2022.
A principios de enero, la Policía bonaerense detuvo a Roberto Omar «Tito» Alí, cantante de la banda de cumbia La Liga, quien fue acusado de abusar sexualmente de la amiga de su hija de 11 años.
Los abusos datan del año pasado; ocurrieron en tres oportunidades diferentes, en el cuarto de la hija, en un colectivo de la banda y en un hotel donde se hospedaban en el momento. Tito fue arrestado y encerrado en un calabozo común hasta que comiencen las pericias e investigaciones de la causa «abuso sexual de menores».
Otro caso embarra a un reconocido conductor de televisión de la provincia rionegrina, Emiliano Gatti, quien cayo en un megaoperativo contra la distribución en internet de material de abuso sexual infantil.
Sucedió cuando la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI) realizó la operación “Red Federal en Alerta” con el fin de investigar a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P, trafican material de abuso sexual infantil a nivel nacional e internacional y está penado bajo la infracción del 128 del Código Penal.
Nuevamente, no tuvo repercusión.
Según el Programa Nacional «Las Víctimas contra las Violencias» del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a octubre de 2022 hubo, almenos, 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (el 77,6% femeninas, y un 21,2% masculinas): 1335 en 2017, 2255 en 2018, 2745 en 2019, 2763 en 2020, 3064 en 2021 y 2242 a octubre de 2022. Desde 2017 a 2021 se registra una suba constante en la cantidad de niñas, niños y adolescentes violentadas sexualmente. Entre 2017 y 2021 (último año completo), el incremento fue de 126%.
Entonces, ¿cual es la solución? ¿Un nuevo DNU? ¿Servirá la ley Lucio?
No sabemos con exactitud; las leyes argentinas son muy buenas, tenemos un sistema judicial magistral y de gran envergadura, pero el problema real reside en la falta de personal, de operadores entrenados y capacitados como ginecólogas, psicólogos, psiquiatras y médicos especialistas en infancia y adolescencia y especialistas en la parte forense de la Justicia.
Y, por sobre todo, celeridad en la toma de decisiones políticas que no empañen lo judicial para que los procesos no sean entorpecidos o manipulados a favor del imputado.
El interés siempre estuvo en el imputado y las consecuencias o no de sus actos. Seamos honestos, los medios visibilizamos al nefasto sujeto que ha incurrido en una aberración, pero las víctimas recientemente cobraron relevancia y las niñas y niños y adolescentes van por detrás.
Si hemos de hacer mea culpa, es en pregonar por el futuro, que son nuestros niños quienes heredarán las acciones de nuestro presente.