Ante la inminente llegada del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Departamento de Estado norteamericano recuerda la recompensa vigente por la captura del mandatario ofrecida desde 2020.
La Justicia norteamericana le condena por cargos de narcoterrorismo y su captura internacional se mantuvo vigente por estos 3 años consecutivos con una recompensa de 15 millones de dólares americanos. Por esta orden, Maduro se mantuvo alejado de la escena internacional a menos que su blindaje fuera asegurado.
Es aqui donde entra el presidente Alberto Fernandez, quien extendió una invitación formal para el mandatario a la cumbre de la CELAC que se realizará el próximo 24 de enero en Buenos Aires; Nicolás Maduro confirmó su invitación y arribará en los próximos días a la nación.
Ante la inminente llegada, la oposición argentina advirtió que, si Maduro llegase a pisar suelo argentino, «debe ser detenido de manera inmediata«, aseguró la referente Patricia Bullrich.
Así mismo, referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Maduro, y los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países.
La presentación judicial, impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), recayó en el Juzgado Federal Nro. 7 a cargo de Sebastián Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, a cargo de Germán Pollicita.
Las acusaciónes de la Justicia norteamericana
Las garras del águila calva en el norte del continente americano señalan al presidente Nicolás Maduro de haber ayudado a administrar y dirigir el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por funcionarios y militares venezolanos de alto rango, beneficiado por el poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (FARC).
También, se le imputa negociar cargamentos de cocaína producida por las FARC, contrabando de armas a guerrillas, narcotráfico entre los gabinetes de gobierno de Honduras y paises aledaños, colaboración y asistencia de las FARC para entrenar milicias chavistas y conspiración de posesión de dispositivos destructivos.