Tras pasar tres años y medio de audiencias públicas, declaraciones e investigación, este martes el Tribunal Oral Federal 2 leerá su sentencia en el juicio -histórico- por corrupción contra un vicepresidente en ejercicio de la función pública.
Además, algunos de sus ex-funcionarios y el empresario Lázaro Báez serán condenados -también- por supuesta corrupción en la distribución, gestión, control y pagos de contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner presidieron. Los mismos, ganaban a repetición los contratos y licitaciones de obras viales mediante empresas de las que se había apoderado Báez poco tiempo antes de presentarse a esas licitaciones, en las que varias veces compitió contra sí mismo.
¿Cuáles son las condenas que se piden?
El fiscal Diego Luciani acusó a CFK de haber sido jefe de un asociación ilícita que defraudó al Estado con decenas de irregularidades cometidas en supuesta connivencia con el socio empresarial del matrimonio, Lázaro Báez. Por ello, Luciani pidió una condena de 12 años de prisión para la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, negó todos los cargos y pidió que la absuelvan de las acusaciones.
El TOF2 -integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu- podría aceptar las dos acusaciones tipificadas por los fiscales, sólo una de ellas -la de administración fraudulenta-o defraudación al Estado-, pero no la de asociación ilícita- o ninguna de las dos. No obstante, el lapso de la pena variará de acuerdo a esa apreciación previa. Si los jueces aceptan los dos cargos, la pena podría ser de 10 a 12 años, o incluso más. Caso contrario no superaría los 6 años. En ninguno de los casos, la vicepresidente podría ir presa ya que goza de fueros por su cargo público.
Las maniobras delictivas
En 2008, la Coalición Cívica comenzó el expediente en donde denunciaban la supuesta cartelización de la obra pública nacional y apuntaron contra los contratos que recibía Lázaro Báez. Luego, la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, pero no avanzó hasta que Cristina Kirchner dejó el gobierno, en diciembre de 2015. En ese tiempo de cambio de autoridades, el director de Vialidad Nacional -de ese entonces-, Javier Iguacel, presentó un informe con decenas de irregularidades detectadas en el organismo respecto de los contratos que le habían otorgado a Báez: un total de 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos. El expediente se aceleró y la instrucción fue cerrada en marzo de 2018.
Así, el caso estuvo en manos del Tribunal Oral Federal N°2, que comenzó a organizar las audiencias públicas y el juicio comenzó en mayo de 2019.
Según dijo Luciani en su alegato final se determinó que por los montos erogados en las 24 obras abandonadas, las modificaciones de costos y plazos sobre 39 contratos y la cartelización en la obra pública, «el daño ocasionado asciende a 5.321 millones de pesos, un equivalente 1.000 millones de dólares«.
Es en función de esa cifra que la fiscalía pidió el decomiso y que los acusados, hagan frente a los 1.000 millones de dólares defraudados. El fiscal advirtió que esa suma, actualizada, deberá repartirse entre todos los acusados según su grado de responsabilidad, hasta alcanzarla.
Lectura de la sentencia
A las 9.30 comienza la jornada donde los acusados podrían formular sus ultimas palabras antes de la lectura de la sentencia que tiene como horario estipulado a las 17 de la tarde del día de hoy.
Como medida de prevención, el tribunal fue blindado por seguridad policial y el Gobierno nacional solicitó prudencia y no «alentar a arengas o movilizaciones sociales para mantener la paz y calma en las calles».