El presidente Alberto Fernández se encuentra, nuevamente, en un torbellino de problemas legales por una desición polémica ante el fallo del Congreso nacional por la Coparticipación Federal.
En los últimos días, se hizo conocer una controversia ya que el Congreso de la Nación, presidido por Horacio Rosatti, falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estipuló que se debe restituir el porcentaje sacado a la misma que trasladado a provincia de Buenos Aires. Esto se interpretó como una desición política y arbitraria de parte del máximo poder ejecutivo nacional que le sacaba fondos a un distrito gestionado por Juntos por el Cambio para dárselo a uno del Frente de Todos.
Tras esto, el Presidente de la Nación emitió un comunicado donde pidió que se investigue al Presidente del máximo tribunal por «su conducta en el desempeño de sus funciones» y avanzó en una reunión con los gobernadores de las 23 provincias del interior para elaborar un juicio político.
¿Qué es la coparticipación?
La Coparticipación Federal de Impuestos son los fondos que reciben las provincias desde Nación de forma automática y que tienen por objeto retener y coordinar la distribución hacia las provincias del sistema federal argentino, aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre esos impuestos, fijados por ley, encontramos los Impuestos a la Ganancia, Combustible, Rentas, IVA, etc.
La Ley de Coparticipación Federal fue sancionada en 1988 y establece, en su artículo 7, que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central”.
El juicio político a Rosatti
Fernández, luego de conformar el acompañamiento de los gobernadores de las provincias, decidió impulsar el juicio político a Rosatti:
«Estoy absolutamente convencido, planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé«.
Además, apuntó contra el presidente del Congreso al adjudicarse el Consejo de la Magistratura como presidente de la entidad lo cual «lo vuelve inconstitucional» y criticó el suceso en Lago Escondido donde jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación tuvieron una reunión privada.
El presidente de la Nación, contó con el apoyo fervil del gobernador de El Chaco, Jorge Capitanich, quien alentó a desoír a la Corte, bajo el argumento que dichos porcentajes son potestad de una negociación entre Nación y provincias, que no tiene injerencia judicial.
Entre los demás gobernadores que acompañaron el documento legal formulado por el presidente de la Nación, encontramos a:
Axel Kicillof, por la provincia de Buenos Aires; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Pero los problemas no terminan ahí, ya que la lista de gobernadores era mucho más amplia.
En cuanto los medios de comunicación dieron a conocer el documento firmado por todos los involucrados a presentar el día de mañana en la Cámara de Diputados, el gobernador de Entre Ríos -conducido por Gustavo Boret- manifestó su «no apoyo» al pedido de juicio político pero si admitió haber participado de la reunión solicitada por la presidencia. Aún así, su nombre y provincia figura en el documento que se interpreta como el respaldo a la medida de Alberto Fernandez.
Quien tampoco mostró su apoyo fue el gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, representado por su vicegobernador, Ricardo Sastre en el momento oportuno a la convocatoria. En el momento de la reunión, el gobernador chubutense se encontraba fuera del país y el vicegobernador no estuvo presente para la firma del documento, a pesar de que la provincia y el nombre del escribano aparecen allí.
Otro de los funcionarios que expresó su descontento con la situación fue el canciller Santiago Cafiero quien apuntó directamente al Poder Judicial de generar tensión entre los poderes del Estado al inherir potestades propias al Ejecutivo y Legislativo que atropellan el federalismo de la nación.