El día de ayer, Brasil, vivió un intento de golpe de estado donde grupos disidentes identificados con el líder político Jair Bolsonaro, tomaron los recintos principales de los tres poderes nacionales brasileros.
Parece una serie de Netflix, pero no lo es. Es la cruenta realidad que golpea las calles de miles de brasileros. Un domingo a las 17.30hs de la tarde, grupos de manifestantes decidieron concentrarse fuera del Congreso Nacional de ese país pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sistemáticamente, el grupo de manifestantes superó la barrera policial y subió la rampa de acceso a los techos de la Cámara de Diputados y Senado, tomando la sede legislativa. Luego, avanzaron hacia la Plaza de los Tres Poderes, donde mantuvieron un enfrentamiento con los agentes de seguridad, a quienes superaron y enfilaron hacia el Palacio de Planalto (sede del poder ejecutivo), para tomar -en última instancia- el Supremo Tribunal Federal de Justicia.
Este grupo disidente de bolsonaristas radicales, no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro.
La respuesta del gobierno nacional
Quien actuó con anticipación fue el ministro de Justicia, Flávio Dino, que desde el sábado había autorizado la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad ante la llegada de decenas de colectivos con bolsonaristas y ante la inminente colisión de las fuerzas radicales a quienes expreso que «no prevalecerá su voluntad».
No tardó mucho tiempo, luego de la toma de edificios, para que las fuerzas de seguridad actúen e ingresen a los palacios para liberarlos y detener, al menos, 300 radicales declarados «terroristas» del estado nacional.
Seguidamente, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres (aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro), fue destituido de su cargo este domingo, tras el fallido blindado policial a los edificios públicos y las invasiones de bolsonaristas radicales.
Luego, un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de los radicales bolsonaristas y fue muy escueto al declarar que “la escalada violenta” -contra la sede de los tres poderes- “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva, de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.»
La última orden provino del Tribunal Supremo de Brasil quienes expidieron al Ejército de desmantelar todos los campamentos de extremistas que existan en el territorio nacional en un plazo de 24 horas.
«Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”
«Todos aquellos manifestantes que aún queden en las calles serán arrestados».
Remarcó el magistrado Alexandre de Moraes
Las declaraciones de Bolsonaro
Pasaron más de siete horas tras los incidentes para que el exmandatario Jair Bolsonaro se pronunciara sobre los hechos de violencia declarando que él siempre ha cumplido con la Constitución, “respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad”.
Repudio las acusaciones de algunos sectores del gobierno y del mismo mandatario presidencial donde se le atribuye responsabilidad sin pruebas fehacientes.
Asimismo, el ex-presidente comparó los hechos acontecidos este domingo, que calificándolos de “depredaciones e invasiones” con las manifestaciones convocadas por al izquierda” en 2013 y 2017, asegurando que “escapan la regla”, ya que “las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia”.
El presidente Lula decretó la intervención federal del sector de seguridad de la ciudad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías de Brasilia estarán bajo el riguroso control del Gobierno nacional por este mes.